Invidente Zurdo
El Instituto Electoral de Michoacán ha iniciado una investigación de oficio sobre ocho presidencias municipales del Estado que corresponden a mujeres por el principio de paridad y que ganaron hombres bajo la autoadscripción de mujeres transgénero sin serlo. La autoridad electoral estatal ha repartido responsabilidades para explicar los goles que les han metido partidos y candidatos. Señalan que la falta de una legislación federal que regule las acciones afirmativas destinadas a los sectores vulnerables les pone contra las cuerdas. Los partidos y ciudadanos han sido omisos antes y después de la elección al no impugnar las candidaturas, aunque están a tiempo de anular los triunfos. De no judicializarse los expedientes, aunque la autoridad electoral acredite los fraudes, los ocho hombres ganadores podrán tomarán protesta como presidentas municipales.
En el caso de la comunidad LGBT+, las autoridades locales y federales deben regirse por el principio de buena fe. Ahí es donde entran las tretas de los partidos, que se aprovechan de las lagunas legales para hacerse de candidaturas fraudulentas, como se perfilan las presidencias municipales de Michoacán. “Por criterio de tribunales, ahí [con la comunidad LGBT] la autoadscripción o el reconocimiento debe ser simple, no se debe pedir un documento que acredite el reconocimiento a un sector, en este caso de la diversidad”, explica el presidente del organismo electoral michoacano, Ignacio Hurtado.
En medio del torbellino mediático y lo escandaloso del caso, la autoridad electoral ha iniciado una investigación de oficio que deberá desahogarse en los próximos meses. Como advirtió un día antes la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala, se requiere de una revisión minuciosa, expediente por expediente, para comprobar la legitimidad de las autoadscripciones. En este caso deberán de presentar pruebas que las acredite como mujeres transgénero. De encontrarse elementos que confirmen el fraude, la consecuencia se limita a una sanción económica al partido o al candidato, según sea el caso. Algunos aparentemente no sabían que usurparon el lugar de una mujer, como Daniel Herrera, presidenta municipal electa de Tanhuato.
Para que los triunfos electorales sean anulados deben presentarse recursos de impugnación vía los tribunales electorales. Al momento, solo una de las ocho presidencias municipales, la de Lagunillas, tiene solicitud de nulidad, detalla Hurtado.
El tema ha puesto sobre las cuerdas a la autoridad electoral michoacana que ha repartido responsabilidades. En todo caso, dice su presidente, no son los únicos que han sido burlados por los partidos o sus candidatos. Antes de la elección nadie alertó, mediante la presentación de impugnaciones, sobre las candidaturas espurias. “Toda la información fue abierta, todo fue público, los nombres los tenía todo mundo. Dentro de los partidos sabían quiénes iban por acción afirmativa, por paridad de género”, subraya el consejero. Adicionalmente las candidatas firmaron documentos en los que se acreditaron como mujeres transgénero. “Ahora lo están desconociendo ¿entonces hubo manipulación?”, añade.
La ausencia de recursos de impugnación es la constante en los casos que ya se advertían fraudulentos. “Nosotros incentivamos ¡impugnen!, ¡impugnen!” añade el consejero. “Impugnaron algunos pero no todos, hay que decirlo, al interior y fuera de los partidos no hubo reacciones”. En mayo, Rodrigo Méndez Hernández promovió un juicio de impugnación en contra del PRI por una decena de candidaturas a presidencial municipales en las que se postularon candidatos por acción afirmativa de la diversidad y para cumplir la cuota de paridad de género, mujeres transgénero presuntamente sin serlo. En esa lista se encuentra Peribán, municipio en el que resultó ganador Martín Alexander Escalera, del partido local Más Michoacán, una de las presidencias municipales en la que está en duda la autenticidad de la autoadscripción. Aunque el tribunal intentó solicitar pruebas para acreditar las autoadscripciones, el partido ganó una contra impugnación que lo salvó de la medida.
“La legislación no es clara en este sentido. Una de las grandes lecciones que nos deja este tema es que tenemos que legislar en esta materia, no puede quedar tan ambiguo el asunto. Hay una demanda a los Congresos, para que no se puedan cruzar los casos de paridad y acción afirmativa”, zanja el consejero.
Con info de Elia Castillo Jiménez para elpais.com
